Graves deficiencias de protección contra incendios amenazan a un centro de menores en Andalucía. ¿Qué ha analizado el TSJ de Andalucía sobre el centro de internamiento de Málaga?
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estudiado las medidas cautelares solicitadas por una Comunidad de Propietarios que denunció posibles irregularidades técnicas en un centro de internamiento de menores situado en Málaga. La resolución judicial no ordena el cierre inmediato del inmueble, aunque recoge las dudas planteadas en un informe pericial.
La Sala considera que, por ahora, existe una controversia técnica compleja entre las partes implicadas. El procedimiento continuará para determinar si las deficiencias señaladas afectan realmente al cumplimiento de la normativa aplicable y a la legalidad de las actuaciones administrativas.
¿Qué deficiencias técnicas aparecen recogidas en el informe pericial?
El informe aportado al procedimiento señala varias anomalías relacionadas con las condiciones del edificio. Entre ellas figuran posibles problemas en los recorridos de evacuación, la configuración de las escaleras y determinados elementos instalados para responder ante una emergencia.
Según el documento analizado por el tribunal, algunas plantas presentarían distancias superiores a las permitidas por el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SI). La resolución judicial, sin embargo, aclara que todavía no existe una valoración definitiva sobre estas conclusiones.
¿Por qué se cuestionan las vías de evacuación del edificio?
El peritaje sostiene que varios recorridos interiores podrían superar los límites establecidos por la normativa técnica. Esta circunstancia, según el informe, podría dificultar la salida de los ocupantes en determinadas situaciones y requiere una valoración detallada durante el procedimiento principal.
Además, el documento plantea dudas sobre las escaleras utilizadas como salida del inmueble, al considerar que podrían no reunir las características necesarias para impedir la propagación de humo entre diferentes plantas.
¿Qué ocurre con las instalaciones de protección existentes?
El informe también analiza los medios instalados dentro del edificio y plantea posibles deficiencias en su distribución y documentación técnica. Entre los elementos revisados se incluyen los equipos destinados a una primera actuación ante una emergencia.
Dentro de este apartado se mencionan los extintores portátiles, cuya ubicación habría sido considerada insuficiente en determinadas zonas del centro según el análisis pericial. El documento señala que algunas dependencias podrían superar las distancias máximas previstas hasta el equipo más cercano.
¿Qué dudas plantea la instalación de las Bocas de Incendio Equipadas?
El procedimiento judicial también pone el foco en las BIE del inmueble. El informe pericial cuestiona determinados aspectos de la red instalada, como la cobertura de algunas zonas, la documentación técnica disponible y la ausencia de ciertos cálculos necesarios para justificar el funcionamiento hidráulico del sistema.
Estas cuestiones forman parte del debate técnico entre la Comunidad de Propietarios, el Ayuntamiento y la entidad responsable de la gestión del centro, que han presentado argumentos contrarios a las conclusiones del perito.
¿Puede afectar la falta de documentación al funcionamiento del centro?
La documentación técnica presentada junto con la Declaración Responsable es otro de los puntos examinados por el tribunal. El informe denuncia la posible ausencia de memorias, planos y justificantes relacionados con las instalaciones del inmueble.
Entre los documentos reclamados figuran cálculos hidráulicos, acreditaciones sobre caudales y presiones, así como determinados anexos vinculados a la normativa municipal. También se cuestiona la falta del informe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Protección Civil en relación con las obras ejecutadas y el cambio de uso del edificio.
¿Qué papel tiene la normativa de seguridad en este procedimiento?
El litigio gira alrededor del cumplimiento de los requisitos exigidos para garantizar una adecuada protección contra incendios centro de menores. El informe sostiene que las características del edificio requieren un análisis especialmente riguroso debido al uso al que está destinado.
El tribunal deberá determinar si las instalaciones cumplen con las exigencias establecidas por el CTE DB-SI, el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) y las ordenanzas municipales aplicables. La resolución definitiva dependerá de la valoración completa de las pruebas aportadas.
¿Por qué se analiza la distribución de los medios de extinción?
Uno de los puntos concretos del expediente hace referencia a la localización de cada extintor dentro del edificio. El informe considera que existirían espacios donde la distancia hasta estos equipos podría superar los límites establecidos, aunque esta afirmación deberá ser comprobada durante el proceso judicial.
La discusión no se limita únicamente a la existencia de los medios instalados, sino también a si su ubicación, características y justificación documental responden a las exigencias técnicas previstas.
¿Ha ordenado el TSJ de Andalucía el cierre del centro?
La respuesta es no. La Sala ha rechazado adoptar una suspensión cautelar de la actividad porque considera que, en esta fase inicial, no existen elementos suficientes para acreditar un incumplimiento manifiesto que justifique una medida tan restrictiva.
El tribunal destaca que existen informes técnicos contradictorios y que será necesario analizar todas las pruebas antes de emitir una decisión definitiva sobre las actuaciones cuestionadas.
¿Qué ocurrirá ahora con el procedimiento judicial?
El proceso continuará hasta que la Sala examine el conjunto de argumentos presentados por las partes. La sentencia final deberá establecer si las deficiencias señaladas en el informe pericial existen realmente, cuál es su alcance y si tienen consecuencias sobre la autorización administrativa del centro.
Hasta ese momento, la resolución cautelar mantiene la actividad del inmueble, mientras el procedimiento avanza para aclarar las cuestiones técnicas planteadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
