El Síndic urge al Ayuntamiento a actuar contra los alojamientos ilegales
En un momento en que la presión sobre el mercado inmobiliario se intensifica, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha elevado su voz para exigir al Ayuntamiento de València una respuesta contundente ante la proliferación de alojamientos turísticos ilegales. La cuestión no es baladí: hablamos de un problema que afecta directamente a la disponibilidad y el precio del alquiler residencial, y que, además, pone en entredicho la seguridad y la legalidad de miles de viviendas.
La urgencia de regularizar: licencias de actividad, la base del orden
El eje fundamental para afrontar esta problemática radica en la exigencia de licencias de actividad. No hablamos solo de un trámite administrativo más, sino de una garantía imprescindible que certifica que un negocio —y aquí incluimos las viviendas turísticas— cumple con todas las normativas legales vigentes, especialmente las relacionadas con la seguridad contra incendios. Sin estas licencias, cualquier actividad queda fuera de la ley y expuesta a sanciones, pero sobre todo, genera inseguridad para los usuarios y vecinos.
En este sentido, la licencia de apertura Valencia es el documento clave que asegura que las viviendas turísticas cumplen con los estándares necesarios para su explotación. Sin esta acreditación, ni los ciudadanos pueden estar tranquilos ni las administraciones pueden controlar eficazmente el fenómeno.
Inspecciones más rigurosas y transparencia: dos pilares ineludibles
El Síndic no solo reclama una mayor inspección para detectar y sancionar los alojamientos ilegales, sino que insiste en la publicación transparente de los listados de viviendas turísticas con licencia. Esto facilitaría a vecinos y turistas la posibilidad de verificar la legalidad de los pisos y denunciar irregularidades. Sin embargo, el Ayuntamiento, a día de hoy, aduce que aún no ha podido publicar estos listados debido a un “tratamiento previo” de la información.
Esta demora es criticada duramente por los afectados, que llevan meses solicitando datos y actuaciones concretas. La lentitud en responder no solo genera desconfianza, sino que alimenta un mercado irregular que distorsiona el acceso a la vivienda habitual. Además, tal como indica la experiencia en otros sectores, una buena gestión de las licencias y una información clara para el público son instrumentos vitales para frenar la economía sumergida y garantizar una competencia justa.
Precisamente, la licencia obra menor juega aquí un papel complementario. Muchas veces, para adaptar o reformar estas viviendas turísticas, los propietarios deben tramitar esta autorización que garantiza que las obras no comprometen la seguridad ni la habitabilidad. Ignorar estos trámites implica no solo un incumplimiento legal, sino un riesgo para todos los usuarios.
Impacto socioeconómico de los alojamientos ilegales y la economía sumergida
La expansión descontrolada de alojamientos turísticos sin licencia alimenta, en realidad, un fenómeno mucho más amplio: la economía sumergida. El Síndic advierte que esta irregularidad distorsiona el mercado inmobiliario y perjudica la convivencia vecinal. Aumenta la presión sobre los precios y reduce la oferta para quienes buscan vivienda de alquiler estable y regulada.
Además, este fenómeno tiene un correlato preocupante en otros ámbitos relacionados, como los talleres clandestinos, donde la falta de licencias y contratos laborales legales supone un atentado contra los derechos de los trabajadores y las normas de seguridad. En ambos casos, la ausencia de regulación y control representa un grave riesgo para la sociedad en su conjunto.
El camino hacia una gestión eficaz: recomendaciones del Síndic
La resolución del Síndic es clara y tajante: urge incrementar las inspecciones y sanciones que permitan impedir la operativa efectiva de alojamientos ilegales. Pero además, exige que la administración facilite la transparencia mediante la publicación inmediata y actualizada de los listados de viviendas turísticas con licencia en el portal de transparencia municipal.
Asimismo, recalca la importancia de cumplir los plazos legales para atender las solicitudes de acceso a la información pública, tarea que debe realizarse en un mes máximo. La gestión eficiente y transparente es la única vía para devolver la confianza a vecinos y usuarios, garantizando a su vez la seguridad y legalidad de la oferta turística.
Seguridad contra incendios: la gran aliada de la legalidad
La obtención de una licencia de actividad para un alojamiento turístico no es un mero papel sellado: implica demostrar que la vivienda cumple con las normativas de seguridad, especialmente las contra incendios. Esto abarca desde la instalación de extintores homologados, salidas de emergencia accesibles, hasta sistemas de detección y alarma adecuados.
Sin estas garantías, ni las licencias ni la actividad tienen validez real. La seguridad es la base imprescindible para que cualquier negocio, incluido el turístico, pueda funcionar sin poner en riesgo vidas humanas. Por ello, los controles y la supervisión administrativa son indispensables.
Un llamamiento urgente a la responsabilidad municipal
El Síndic lanza un llamamiento urgente y fundamentado al Ayuntamiento de València para que actúe con contundencia y transparencia contra los alojamientos ilegales. La exigencia de licencias, el cumplimiento estricto de normativas de seguridad, y la publicación de listados actualizados son instrumentos imprescindibles para proteger el mercado inmobiliario, garantizar la seguridad ciudadana y defender el derecho a una vivienda digna.
Solo así se podrá devolver la confianza a vecinos, usuarios y profesionales del sector, frenando la economía sumergida y apostando por un turismo responsable y legal que beneficie a toda la sociedad.
