Palma endurece el control sobre las viviendas turísticas ilegales y redefine el modelo urbano. La prohibición del alquiler turístico marca un punto de inflexión en la ciudad.
La ciudad de Palma afronta un momento decisivo tras la aprobación, en la Gerencia de Urbanismo, de una modificación clave del Plan General que prohíbe de forma total la creación de nuevas plazas de alquiler turístico en todo el municipio. La medida, respaldada por los votos de PP, PSOE y Més, y con la abstención de Vox, parte de un informe técnico contundente: un tercio de las viviendas turísticas que se ofertan actualmente son ilegales y solo 14 inmuebles cuentan con licencia temporal vigente. Este escenario ha llevado al Ayuntamiento a declarar Palma como zona no apta para nuevas viviendas de uso turístico, con el objetivo de frenar la saturación, proteger la convivencia vecinal y recuperar el equilibrio urbano.
Los datos oficiales reflejan una realidad difícil de ignorar. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 se contabilizaban 954 viviendas turísticas en Palma, mientras que los registros del Consell de Mallorca y del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics reducen esa cifra a 632 inmuebles con licencia vigente. Esta diferencia evidencia un crecimiento descontrolado de la oferta ilegal, un problema que ha precipitado una respuesta normativa firme por parte de la administración municipal.
Seguridad y obligaciones básicas en las viviendas turísticas
La presión normativa sobre las viviendas de uso turístico no se limita únicamente a la obtención de licencias. También se intensifica el control sobre las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir estos alojamientos para proteger a huéspedes y propietarios. En este punto, la dotación de extintor y botiquin se consolida como un requisito esencial dentro de los estándares de seguridad exigidos en el sector. La correcta señalización, el mantenimiento adecuado de los equipos y la accesibilidad inmediata a estos elementos no son detalles menores, sino factores determinantes para garantizar estancias seguras y responsables.
La normativa municipal y autonómica establece que los alojamientos turísticos deben ofrecer garantías reales ante emergencias, especialmente en edificios residenciales donde la convivencia con vecinos es constante. La ausencia de medidas básicas de prevención no solo expone a sanciones administrativas, sino que incrementa los riesgos ante incendios o accidentes domésticos, situaciones que pueden tener consecuencias graves tanto a nivel humano como legal.
Requisitos específicos para el extintor en pisos turísticos
El cumplimiento de las exigencias de seguridad pasa, de manera obligatoria, por la correcta instalación de un extintor piso turistico homologado y adaptado a las características del inmueble. No se trata únicamente de disponer de un equipo cualquiera, sino de asegurar que cumple con la capacidad, el tipo de agente extintor y la ubicación adecuada dentro de la vivienda. Estos factores son evaluados en inspecciones y pueden ser determinantes para la concesión o renovación de licencias.
En el contexto actual de Palma, donde se impide la renovación de licencias no permanentes y se avanza hacia un decrecimiento progresivo de plazas turísticas, la exigencia de seguridad adquiere aún mayor relevancia. Los propietarios que mantienen licencias vigentes deben extremar el cumplimiento de todos los requisitos legales para evitar sanciones o la pérdida definitiva de su autorización. La prevención se convierte así en una herramienta clave para la continuidad de la actividad.
Marco legal y control administrativo de los extintores
La normativa extintores establece de forma clara las obligaciones relativas a la instalación, revisión y mantenimiento de estos dispositivos en inmuebles destinados a uso turístico. Este marco legal no es opcional ni interpretable, y su incumplimiento puede derivar en multas significativas y en la clausura de la actividad. En Palma, donde la administración ha anunciado una política “implacable” frente a la ilegalidad, el control de estos aspectos se intensifica de manera notable.
La normativa exige revisiones periódicas realizadas por empresas autorizadas, la correcta señalización del equipo y la formación básica para su uso. Además, en edificios plurifamiliares, estas obligaciones se integran con las normas de seguridad comunitarias, reforzando la responsabilidad del propietario frente a terceros. La seguridad deja de ser un elemento accesorio para convertirse en un pilar fundamental del cumplimiento legal.
Un modelo urbano orientado al equilibrio residencial
La decisión de declarar Palma como zona no apta para nuevas viviendas turísticas responde a una estrategia urbana a largo plazo. El Ayuntamiento busca frenar el impacto del alquiler vacacional en los barrios, donde la rotación constante de visitantes ha afectado a la convivencia, al acceso a la vivienda y al tejido social. Con 4.473 plazas legales repartidas en 632 inmuebles, la ciudad apuesta ahora por no aumentar esta cifra y permitir que el número de licencias disminuya de forma natural conforme se produzcan bajas definitivas.
Este enfoque marca un cambio respecto a etapas anteriores, en las que el número de licencias creció de forma acelerada. Entre 2015 y 2023, las licencias de alquiler turístico en Baleares aumentaron un 165 %, un dato que contrasta con la actual política de contención y control. La nueva hoja de ruta pretende blindar a Palma frente a incrementos indirectos derivados de otros planes insulares.
Lucha activa contra la oferta ilegal
El refuerzo de la inspección es otro de los pilares de esta nueva etapa. La creación de la Oficina de Antiokupación y la asignación de inspectores específicos para combatir el alquiler turístico ilegal evidencian la voluntad municipal de actuar de forma continuada. Aunque los recursos son limitados, el objetivo es claro: reducir la brecha entre la oferta real y la oferta legal.
Las viviendas que operan al margen de la ley no solo incumplen requisitos urbanísticos, sino que suelen carecer de medidas básicas de seguridad, lo que incrementa los riesgos para los usuarios. La erradicación de esta oferta irregular contribuye a mejorar la imagen de la ciudad, proteger a los turistas y garantizar condiciones justas para los propietarios que sí cumplen con la normativa.
Impacto en propietarios y comunidades de vecinos
Las comunidades de vecinos han sido uno de los colectivos más afectados por la proliferación de viviendas turísticas. El tránsito constante de personas, el ruido y el uso intensivo de zonas comunes han generado conflictos recurrentes. La nueva regulación busca devolver estabilidad a estos entornos residenciales, priorizando el uso habitual de la vivienda frente a su explotación turística.
Para los propietarios con licencias vigentes, el mensaje es claro: cumplimiento estricto de la normativa y máxima responsabilidad. La seguridad, la legalidad y la convivencia se consolidan como ejes centrales del modelo que Palma quiere impulsar en los próximos años.
Palma y el futuro del alquiler turístico
La prohibición de nuevas plazas y la eliminación progresiva de licencias temporales configuran un escenario de transición hacia un modelo más sostenible. Palma se posiciona así como un referente en la gestión del alquiler turístico, apostando por el control, la legalidad y la seguridad como elementos irrenunciables. Este enfoque no solo redefine el sector turístico, sino que también sienta las bases para una ciudad más habitable, equilibrada y alineada con las necesidades de sus residentes.
