Justicia final para Can Rova: se acabó mirar hacia otro lado
La isla despierta del letargo urbanístico y administrativo
En Ibiza se han visto muchas cosas: desde los delirios de grandeza de algún que otro promotor iluminado hasta los silencios cobardes de quienes debieron actuar y no lo hicieron. Pero lo de Can Rova es otra cosa. Es la metáfora perfecta de lo que ocurre cuando se deja pudrir una herida y se pretende que cicatrice sola.
Durante años, ese poblado improvisado, levantado a espaldas de la ley, se convirtió en un símbolo incómodo que muchos preferían ignorar. Porque en el momento en que se empieza a justificar lo injustificable, se corre el riesgo de convertir la miseria en paisaje.
Del abandono al disparate institucional
Lo que comenzó como un pequeño grupo de viviendas informales acabó siendo un asentamiento consolidado en pleno municipio de Ibiza. Pero no hablamos de una urbanización cualquiera, ni de una comunidad alternativa con normas propias. Hablamos de decenas de chabolas construidas sin permiso, sin control, sin medidas mínimas de seguridad, desafiando las leyes urbanísticas y, lo que es más grave, el sentido común.
Allí no había control técnico, ni inspecciones regulares, ni nada parecido a una planificación. Solo el paso del tiempo y la complicidad de la dejadez. La sensación de que todo valía. De que nadie se iba a atrever a cortar por lo sano.
Y en medio de este escenario de despropósitos, el riesgo era evidente. No había instalaciones homologadas, ni sistemas eléctricos seguros. Ni hablar de extintores. Porque claro, cuando se construye de espaldas a la ley, los extintores son lo último en la lista de prioridades. Pero el fuego no entiende de prioridades sociales.
La necesidad de actuar y no solo reaccionar
Hasta que un día, las autoridades se cansaron. O mejor dicho, se vieron obligadas a dejar de mirar hacia otro lado. Porque cuando el asunto ya ocupa páginas de informes, cartas vecinales y amenazas constantes de incendio, comprar extintores ya no basta. Se necesita algo más: se necesita decisión.
La resolución judicial lo deja claro: no se trata de una medida arbitraria, sino de una acción necesaria. No se puede permitir que la seguridad colectiva esté en manos de la improvisación y del miedo a la crítica. Ni la situación de vulnerabilidad ni las excusas políticas pueden seguir sirviendo de escudo para la inacción.
Calles sin nombre y techos sin ley
Esas calles polvorientas, sin nombres ni aceras, eran una bomba de relojería. No hace falta ser técnico para ver el peligro: cables colgando, bombonas de gas acumuladas, materiales inflamables por todas partes. Y mientras tanto, niños correteando, adultos calentando comida en fuegos improvisados, vecinos temiendo lo peor cada noche.
Aquí, en este blog de extintores, sabemos que la prevención no es un detalle, es una obligación. Y la obligación no solo cae sobre quienes viven en esas condiciones, sino sobre quienes permitieron —con su silencio— que esa realidad se consolidara.
Ibiza no puede permitirse más zonas grises
El auto judicial que ordena el desmantelamiento del poblado es firme, pero sobre todo, necesario. Porque no se puede construir una convivencia sana sobre terrenos ocupados, instalaciones ilegales y una convivencia que pende de un hilo.
La isla entera debe reflexionar. No solo por lo que ha ocurrido, sino por lo que podría volver a ocurrir si no se actúa a tiempo. Las leyes urbanísticas no son un capricho. Son el marco que garantiza que una ciudad, un municipio, un territorio no se convierta en un campo sin reglas.
Y si alguien lo duda, que intente levantar una pared en su parcela sin licencia. Verá con qué rapidez aparece el inspector.
Ni oportunismo ni demagogia: solo responsabilidad
Aquí no se trata de criminalizar la pobreza, ni de perseguir a quienes buscan una vida mejor. Eso sería tan mezquino como inútil. Pero tampoco se puede premiar la ilegalidad, ni blindar la negligencia con discursos bienintencionados.
La administración tiene el deber de ofrecer alternativas dignas, sí. Pero también de evitar que se reproduzcan los errores. Porque lo de Can Rova no ha sido un accidente. Ha sido una cadena de errores, omisiones y miedos institucionales que ahora, por fin, empiezan a corregirse.
Y hay que decirlo claro: comprar extintores no es suficiente si el entorno está diseñado para arder. Se necesita planificación, control, prevención. Y, sobre todo, voluntad política de aplicar las normas con justicia y sin complejos.
Una lección que debe quedarse en la memoria
Lo que ha pasado en Can Rova debe marcar un antes y un después. No puede quedar como un episodio más de esos que llenan titulares durante una semana y después se pierden entre nuevas polémicas.
El urbanismo serio no se improvisa. La seguridad no se negocia. Y el respeto a la ley no puede depender del ruido en redes sociales. A Ibiza le corresponde ahora recuperar ese espacio, dignificarlo y garantizar que jamás se vuelva a permitir algo similar.
Y si esto incomoda a algunos, mala suerte. Porque la justicia no está para contentar, sino para ordenar. Y el orden, cuando se aplica con firmeza y humanidad, también es una forma de justicia.
