El caso Teatre llega al Tribunal Constitucional: las víctimas denuncian el blindaje judicial del Ayuntamiento de Murcia.
Las familias de las víctimas del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ocurrido el 1 de octubre de 2023 en la zona de Atalayas (Murcia), siguen luchando por obtener justicia dos años después de la tragedia. El siniestro, que dejó 13 fallecidos, marcó profundamente a la sociedad murciana y reveló graves fallos en la supervisión de licencias y medidas de seguridad en locales de ocio nocturno.
Esta semana, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia emitió el Auto 836/2025, una resolución que ha provocado una oleada de indignación entre los familiares. El tribunal ha decidido no abrir una pieza separada para investigar un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión y control de licencias municipales, decisión que los afectados consideran un paso atrás en la búsqueda de la verdad.
Ante esta negativa, los familiares y colectivos personados en la causa han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
La decisión judicial y el razonamiento de la Audiencia Provincial
El auto, fechado el 1 de octubre de 2025, resuelve el recurso interpuesto contra los fallos previos del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que ya en noviembre de 2023 y marzo de 2024 había rechazado seguir esa línea de investigación. La Audiencia Provincial sostiene que no existe “conexidad” entre el delito de homicidio imprudente, que centra la causa principal, y el posible delito de prevaricación administrativa derivado de las actuaciones del Ayuntamiento.
El tribunal, compuesto por tres magistrados, argumenta que el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cada delito debe investigarse de forma independiente, salvo en casos excepcionales en los que se cometan conjuntamente o para facilitar otros delitos. Para las familias, este razonamiento divide artificialmente un mismo hecho y deja sin investigar las causas estructurales que permitieron la tragedia.
Falta de medidas de seguridad y errores de supervisión
Las asociaciones de víctimas sostienen que las deficiencias en seguridad eran evidentes y que la administración local no actuó con la diligencia debida. En este contexto, la ausencia de una señal salida de emergencia clara y visible, el incumplimiento de aforos y la falta de sistemas de evacuación adecuados fueron factores determinantes para que el incendio se convirtiera en una tragedia.
De haberse cumplido la normativa de seguridad vigente, muchas de las víctimas podrían haber tenido una vía de escape. La instalación correcta de una señalización luminosa, acompañada de puertas accesibles y rutas despejadas, es un requisito básico en cualquier espacio público. Sin embargo, los informes periciales y los testimonios de los supervivientes apuntan a deficiencias estructurales que pasaron desapercibidas para los inspectores municipales.
Estas omisiones, según los familiares, deben ser consideradas dentro de la investigación penal, ya que no se trata de errores aislados, sino de una cadena de negligencias administrativas que facilitaron la catástrofe.
La importancia de la señalización y la prevención en espacios públicos
Uno de los elementos clave en la seguridad de locales es la correcta ubicación de un cartel salida de emergencia, visible incluso en situaciones de humo o corte de electricidad. Este tipo de señalización no solo cumple una función informativa, sino que es una garantía de supervivencia en situaciones críticas.
El Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) y el Código Técnico de la Edificación (CTE) establecen normas precisas sobre la iluminación de emergencia, señalización de rutas de escape y mantenimiento periódico. Cuando estas medidas se ignoran o se inspeccionan de forma superficial, el riesgo aumenta exponencialmente.
Las tragedias no se producen únicamente por accidentes inevitables, sino también por falta de control y mantenimiento preventivo. Por ello, las familias de las víctimas insisten en que la investigación judicial debe abarcar las responsabilidades administrativas y políticas, no solo las penales directas.
Un fallo judicial que genera más preguntas que respuestas
El Auto 836/2025 deja sin investigar un posible entramado de negligencias que va más allá de la gestión de los locales. Para las víctimas, el rechazo a examinar las licencias municipales implica proteger al Ayuntamiento de Murcia, entidad que debía velar por la seguridad y legalidad de los establecimientos.
La sensación de impunidad ha llevado a las familias a un nuevo nivel de movilización. Consideran que la separación de causas fragmenta la verdad y debilita el principio de justicia. En su opinión, la misma administración que permitió el funcionamiento de locales con graves irregularidades ahora se beneficia de una interpretación restrictiva de la ley.
Normas de seguridad y control de instalaciones contra incendios
La tragedia de Atalayas ha puesto en primer plano la necesidad de reforzar la normativa extintores y los sistemas de control en locales de ocio. Los extintores son dispositivos de primera intervención que deben estar correctamente ubicados, señalizados y mantenidos, según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
Además, cada establecimiento debe contar con revisiones periódicas certificadas por empresas autorizadas, así como planes de evacuación actualizados y personal formado en primeros auxilios y prevención. El incumplimiento de estas normas, junto con la falta de inspecciones efectivas, genera un entorno de riesgo que puede tener consecuencias fatales.
La ausencia de una cultura sólida de prevención, sumada a la falta de transparencia en la gestión de licencias, crea un escenario donde los errores se repiten. La tragedia de 2023 no debería haber ocurrido, y las familias insisten en que la justicia debe llegar hasta el fondo del asunto, sin excepciones ni protecciones institucionales.
El camino hacia el Tribunal Constitucional
Ante el cierre judicial de esta vía, las familias interpondrán su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, buscando que se reconozca su derecho a una investigación completa y justa. Este paso no solo representa una lucha por sus seres queridos, sino también por el fortalecimiento del Estado de derecho y la responsabilidad pública en la gestión de la seguridad ciudadana.
El caso Teatre, más allá de su dimensión judicial, ha reabierto el debate sobre la eficacia de los controles administrativos, la independencia del poder judicial y la necesidad de aplicar normas de prevención más rigurosas en todos los establecimientos abiertos al público.
La resolución del Constitucional podría marcar un antes y un después en la forma en que se aborda la responsabilidad institucional en tragedias evitables. Hasta entonces, las familias continúan su batalla, con la convicción de que la verdad y la justicia no pueden quedar atrapadas entre trámites burocráticos ni tecnicismos legales.
